Los parlamentarios aseguraron que más de 17 años de revolución en Guayana la realidad que enfrentan las comunidades al sur del estado Bolívar es totalmente distinta a la esperadas, pues en la práctica estos programas solo han dejado tras su paso, niños huérfanos, viudas y familias disfuncionales, ante la ola de asesinatos por el control de las minas que años tras año cobra la vida de cientos de mineros.
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| Los diputados acciondemocratistas denunciaron que los hechos violentos registrados en Tumeremo son parte del legado violento dejado por Chávez a los venezolanos |
PRENSA AD. Continuando con el compromiso de luchar en pro de defensa de las familias bolivarenses, los diputados a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy Valera y Luis Silva acompañaron a familiares de los mineros desaparecidos en la población de Tumeremo, ante la Fiscalía Superior del Estado Bolívar en materia de Derechos Fundamentales, para denunciar los hechos violentos registrados en la región el pasado viernes, en la mina Atenas.
Durante el encuentro con el fiscal Superior del Estado Bolívar, los parlamentarios juntos a los familiares de las víctimas, explicaron la grave situación que enfrentan las comunidades mineras del estado Bolívar, ante el incremento de la violencia por el control de los grandes yacimientos de oro.
“Hechos violentos registrados en la mina Atenas que de acuerdo a familiares y testigos oculares cobraron la vida de un importante número de mineros al sur del estado Bolívar, son parte del legado violento dejado por el expresidente de la República Hugo Chávez a los venezolanos”, así lo informó el diputado a la Asamblea Nacional e integrante de la Subcomisión de Contraloría, encargada de investigar hechos de corrupción en los Poderes Públicos y entes descentralizados, Freddy Valera.
Tierra de Nadie
El parlamentario aseguró que la violencia registrada al Sur del estado Bolívar, impulsada por grandes bandas delictivas con el respaldo de algunos organismos de seguridad, es solo la punta del iceberg que conlleva la explotación el Arco Minero del Orinoco, tan anunciada por el primer mandatario nacional.
“Ni el Presidente de la CVG, pasando por el jefe del Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana, hasta llegar al Presidente de la República, Nicolás Maduro, poseen el control de las zonas mineras del estado Bolívar para el desarrollo económico que tanto pregonan, pues estas zonas están bajo el control de bandas organizadas dedicadas a la extracción minera, tráfico de armas, drogas, gasolina, alimentos y trata de personas”.
En tal sentido, Valera anunció que esta semana desde la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, solicitaran un derecho de palabra en la Asamblea Nacional con el fin de exponer la tensa situación que enfrentan los residentes de la zonas mineras del estado Bolívar y solicitar de manera formal ante los organismos del Estado el cumplimiento de los derechos humanos para los residentes estas zonas, así como una investigación exhaustiva sobre todas las irregularidades que allí se cometen.
“Desde El Callao hasta Caicara del Orinoco, miles de jóvenes arriesgan sus vidas desempeñándose como mineros artesanales en búsqueda de la fortuna y riqueza que pueda brindarle una bulla de oro, que le permita cambiar sus condiciones socioeconómicas”.
Planes infructuosos
El parlamentario calificó de fracaso la política implementada por el Gobierno Nacional en materia aurífera en el país, la cual solo ha servido para repartirse el botín del oro de Guayana y sembrar tras su paso miseria y violencia entre la población.
El dirigente blanco, afirmó que desde la aplicación del Plan Piar, orientado a fortalecer el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, mediante la incorporación activa de los pequeños y medianos mineros hasta llegar al Plan Caura, dirigido al desalojo de campamento ilegales de minería, confiscación de equipos y expropiaciones de estaciones de servicios, todos y cada uno de estos proyectos fracasaron.
“Todos y cada uno de estos proyectos buscaban la dignificación de la calidad de vida de los pequeños mineros, a través de actividades complementarias a la minería, como ganadería, pesca y turismo, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento racional y organizado de los recursos naturales del estado, mediante el autofinanciamiento de proyectos que permitirían el fortalecimiento económico de la región, mediante actividades no mineras”.
Valera explicó que a más de 17 años de revolución en Guayana la realidad que enfrentan las comunidades al sur del estado Bolívar es totalmente distinta a la esperadas, pues en la práctica estos programas solo han dejado tras su paso, niños huérfanos, viudas y familias disfuncionales, ante la ola de asesinatos por el control de las minas que años tras año cobra la vida de cientos de mineros.
“El año pasado al menos 70 minero perdieron la vida a consecuencia del conflicto armado que impera en la zona; solo en lo que va del año al menos 30 mineros han sido asesinado en las minas del estado Bolívar, cifra que puede llegar a duplicarse si se toma en cuenta el difícil a la zona y la falta de documentación de algunos trabajadores”.
Actitud displicente
Luis Silva, diputado de Acción Democrática por el circuito 1 del estado Bolívar, criticó la actitud displicente del primer mandatario regional, Francisco Rangel Gómez sobre la situación que enfrenta los habitantes del sur del estado.
“La actitud asumida por el primer mandatario regional de rechazar de manera categórica las denuncias formuladas por la población de Tumeremo ante la desaparición de más de 28 mineros, es una total ligereza que raya en la complicidad, ya que su deber era investigar a profundidad las acusaciones formuladas por residentes”.
Silva aseguró que el primer mandatario regional debió solicitar la apertura de una investigación exhaustiva para aclarar los hechos y establecer las responsabilidades de los hechos.
“Ya sea que los mineros hayan sido asesinados como afirman los pobladores, familiares y comerciantes o se deba todo a una matriz de opinión que busca generar el caos al sur del estado Bolívar, los responsables sean quien sean deben ser llevados ante la justicia, es por ello que solicitaremos ante la Asamblea Nacional una investigación de estos hechos”.
El diputado, acotó que durante las averiguaciones se deben establecer sí en verdad los mineros están desaparecidos?; ¿Dónde están sus cuerpos?; ¿Quiénes son los responsables materiales e intelectuales de tan atroces crímenes?, así como ¿Quiénes integran los factores de poder que por omisión o complicidad permiten que este tipo de hechos ocurran en el estado Bolívar.
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