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| La planta fue ocupada de inmediato por la Guardia Nacional Bolivariana |
POR:
R. REYES/informedigital24. Paralización y ocupación inmediata por parte de la
Guardia Nacional Bolivariana a la planta de producción Hermo de Venezuela, fue
lo que ordenó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región
Capital, acción que ya se ha cristalizado desde el pasado viernes en horas de
la tarde.
Se
pudo conocer que la medida fue interpuesta por un particular contra el órgano
castrense, así como también de la Alcaldía del municipio Independencia
(Miranda), donde reclama sin prueba alguna sobre una supuesta contaminación
ambiental por emisión de gases de ácido sulfhídrico (H2S) que se generan en la
planta de tratamiento de esa empresa.
Tanto
el personal administrativo, empleado y obrero esperan que este problema sea
solucionado lo más pronto posible, ya que temen quedarse sin sus puestos de
trabajo, además de que Venezuela contaría ahora con menos embutidos, aunándose
a ello la grave crisis de escasez de alimentos que padece la ciudadanía
Ante
esta situación, los directivos de Hermo de Venezuela se pronunciaron ante la
medida, con el siguiente comunicado:
1.- Paralizar
la planta de Santa Teresa por razones de emisión de H2S no tiene asideros
jurídicos ni técnicos, pues nuestras emisiones siempre han estado en el rango
permitido por las normas vigentes y en la actualidad están en “cero”.
2.- Dentro
de nuestra política de proteger el medio ambiente, desde hace 12 meses se ha
introducido ante el Ministerio del Ambiente, una solicitud de adecuación de
nuestra planta de tratamiento, con un plan de inversiones asociado superior
a los 72 millones de bolívares. Estamos
en espera de la respectiva aprobación de dicho plan de adecuación.
3.- En
el juicio que antecedió la decisión, el juez de la causa no ha permitido que la
empresa participe, violándose el Debido Proceso. La realidad es que se está
utilizado la jurisdicción Contenciosa y la buena fe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (GNB) para resolver un conflicto de interés económico
entre dos particulares.
4.- Hemos
participado activamente en todas las reuniones relacionadas con las políticas
de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria convocadas por la
Vicepresidencia de la República. Durante todo el año hemos logrado abastecer el
mercado a plena satisfacción, produciendo a nuestra máxima capacidad.
5.- Paralizar
la planta de Santa Teresa significa detener la compra de más de 5.000 toneladas
de materia cárnica (pollo, pavo, res y cerdo), toda 100% producción nacional, las cuales se
transformarían en más de 7.000 toneladas de productos elaborados en favor de la
familia venezolana.
6.- Con
esta orden de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región
Capital, estos requerimientos de compra de materia prima cárnica, deben ser suspendidos de inmediato, debido a
la naturaleza en “cadena” del proceso productivo implícito: se paraliza la
compra de insumos y se paraliza el abastecimiento del mercado.
7.- Hermo
representa una fuente segura y confiable de suministro de alimentos cárnicos
para más de 6.500 de puntos de ventas en todo el país y, de manera especial,
para la cadena de comercialización del Estado (PDVAL, CASA, BICENTENARIO),
instituciones que esperan de nosotros y sin intermediación alguna, la entrega
de más de 7.000 toneladas de productos para los meses octubre -diciembre.
8.- De
mantenerse la paralización, será imposible cumplir con esta entrega. Para este
viernes 03 de octubre los inventarios existentes apenas alcanzan las 400
toneladas, máximo 5 días de demanda del mercado nacional.
9.- De
no ocurrir una revisión de esta medida y si se mantiene la paralización de la
planta, se estaría afectando a más de
800 trabajadores. Somos la principal fuente de empleo estable y seguro de Santa
Teresa del Tuy. Somos, a la vez, la principal empresa en el desarrollo de
programas de RSE en la zona, logrando la capacitación de más de 2.000 personas
en los últimos cuatro años.
10.-
Informamos a todos nuestros proveedores y clientes que estamos haciendo todos
los esfuerzos constitucionales y legales para que esta medida sea revocada de
inmediato, por atentar contra las políticas de soberanía y seguridad
alimentarias.
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