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| Vista del pleno del Parlament. Foto: AFP |
MARÍA
JESÚS CAÑIZARES/ABC.es/BARCELONA. El Parlamento catalán, tras un debate muy
tenso, ha hecho caso omiso a la suspensión de la ley de consultas ordenada por
el Tribunal Constitucional (TC) y, con los votos de CiU, ERC, ICV y CUP, ha
aprobado designar designación a los 7 miembros de la Comisión de Control de la
consulta del 9 de noviembre, una especie de «junta electoral» contemplada en esa
ley, encargada de velar por el proceso que debe culminar con esa votación. PP,
Ciudadanos y PSC han votado en contra. Los diputados de Ciudadanos han
abandonado el hemiciclo.
El
secretario del la Mesa del Parlament, Pere Calbó (PP), ha advertido de un acto
ilegal contrario a una resolución judicial y ha avanzado que no firmará esa
votación. PP y Ciudadanos han pedido la suspensión de este punto del orden del
día. El PSC también lo ha rechazado, tras la «nota apócrifa» que la Mesa del
Parlament le ha enviado tras pedir un informe jurídico al respecto.
El
presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido amparo a la Cámara catalana
porque «no se puede desarrollar una ley suspendida», en alusión a la ley de
consultas populares. Pedimos que se retire del orden del día, no podemos
colaborar en ello. La Mesa del Parlament no debía haber admitido este asunto.
No estamos ante un error, sino una comisión de posibles delito. Ha recordado
que el Código Penal establece en su artículo 405, que nombrar cargos sin que
haya requisitos legales puede ser castigado con multa y suspensión de empleo y
cargo público.
«No
seremos cómplices de traspasar las líneas rojas y secundar las tesis de desobediencia
en coche oficial del señor Junqueras», ha dicho. Ha hablado de «democracia
selectiva a la carta» y ha instado a los diputados a cumplir con las reglas del
juego. Ha anunciado que enviará un escrito al Gobierno catalán en el que le
pedirá «que no gaste ni un solo euro a una consulta suspendida».
Por
parte del PP, el portavoz Enric Millo ha indicado que «estamos ante un momento
grave, la presidenta del Parlament sabe que no se puede votar» la designación
de la Comisión del Control de la consulta, porque «desarrolla una ley consulta
suspendida, y eso sería una claro caso de desobediencia al TC». Según Millo, si
la Cámara tuviera tan claro lo que hace, no votaría en secreto y ha advertido
que su partido pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía.
El portavoz
del PSC, Maurici Lucena, ha recordado que su grupo votó a favor de la ley de
consultas y apoya una consulta legal, pero «es evidente que tras la suspensión
del TC surgen dudas sobre la votación de una Comisión de Control que desarrolla
la ley. Hemos solicitado un informe jurídico a la Mesa del Parlament» que,
según ha reprochado,«ha contestado con una nota apócrifa, sin conclusiones y
que no informa». Por todo ello, el PSC ha pedido que se lea esa nota y no ha
participado en la votación. La presidenta de la Cámara catalana, Núria de
Gispert, se ha negado a leer el informe y a un receso de 10 minutos para que
los grupos lo lean.
Por
contra, la portavoz de ERC, Gemma Calvet, ha dicho que no toda la ley de
consultas está suspendida y que el TC aún no ha entrado en el contenido de la
misma. «Tenemos que tomar decisiones para velar por la garantía jurídica», ha
dicho para defender la elección de la Comisión de Control, tras afirmar que
«nos encontramos ante una resolución dictada por un tribunal integrado por
miembros del régimen franquista».
La
coordinadora de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha apoyado mantener ese punto del
orden del día porque «aunque tiene un punto inédito», pero se trata de una «ley
suspendida, pero no anulada» debido a «una intencionalidad política y una
persecución legal» por parte del Gobierno español y el TC. Ha dicho que el
Parlament es legítimo para tomar esta decisión «y lo hace para defenderse de un
ataque».
El
diputado de la CUP, David Fernández, no reconoce ninguna autoridad política o
jurídica por encima de la voluntad ciudadana. «No es el golpe de estado, pero
si el estado de golpe contra el pueblo catalán». «Nos declaramos insumisos y
desobedientes ante el TC», ha proclamado Fernández, quien ha defendido la
designación. «Si ustedes amenazan con el Código Penal, nosotros lo asumimos,
pero revisen ustedes sus actitudes inquisitoriales».
El
portavoz de CiU, Jordi Turull, ha avalado la votación porque dice disponer de
un informe «que no es apócrifo» y precisa que «se trata de un acto
preparatorio, no produce plenos efectos». Confía en que el TC levante la
suspensión y ya esté formada la Comisión de Control.
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