ANTONIO MARÍA DELGADO/adelgado@elnuevoherald.com.
La empresa de capital venezolano radicada en Houston también contrató los
servicios de dos importantes firmas de cabildeo en Washington en mayo, cuando
una versión de las sanciones introducida por la congresista Ileana Ros-Lehtinen
fue aprobada en la Cámara Baja.
La
resolución en la Cámara Alta –introducida por el senador demócrata Bob Menéndez
y promovida por el republicano Marco Rubio– solicita al presidente Barack Obama
que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas
involucradas en la represión emprendida por el régimen de Maduro durante las
manifestaciones de la primera mitad de este año, que dejó al menos 43 muertos,
cerca de 900 heridos, miles de detenidos y decenas de casos reportados de
tortura.
Pero
los esfuerzos por conseguir la aprobación de las sanciones en el Senado fueron
bloqueados por la senadora demócrata Mary Landrieu, quien argumentó que las
medidas pondrían en riesgo los puestos de 2,000 trabajadores en Louisiana.
“Después
de que Citgo me envió una carta resaltando que las sanciones podrían poner en
peligro estos trabajos, yo me metí y bloqueé el proyecto de ley”, dijo Landrieu
esta semana a periodistas, mientras visitaba una de las instalaciones de Citgo
en Louisiana.
“Yo
creo con firmeza que el gobierno venezolano debe asumir la responsabilidad por
sus violaciones a los derechos humanos, pero podemos hacerlo de una manera que
proteja los empleos en esta refinería”, agregó.
La
carta enviada por Citgo a la senadora resaltó que las medidas podrían afectar
severamente las operaciones de la compañías en el complejo de Lake Charles.
La
preocupación de Citgo consiste en la posibilidad de que la interpretación de la
legislación por parte del Poder Ejecutivo podría llevar a la compañía a ser
considerada como “una persona” y que su vinculación con la estatal PDVSA
pudiese implicarla en abusos a los derechos humanos en ese país.
La
empresa también teme que las medidas le impidan importar crudo venezolano que
representa cerca del 30 por ciento del total utilizado en su refinería de Lake
Charles.
“Las
sanciones propuestas podrían tener consecuencias que nos obligarían, en un
mercado de pesados muy limitado, a operar a tasas de capacidad muy limitadas e
impactar nuestra capacidad de manejar un negocio”, dijo en la carta el
vicepresidente de Gobierno y Asuntos Públicos de Citgo, Rafael Gómez Abreu.
Funcionarios
de Citgo no pudieron ser contactados a tiempo para comentar sobre este
artículo.
En
sus declaraciones en público, Landrieu ha señalado que ella está dispuesta a
respaldar las sanciones si una pequeña frase es introducida en la legislación
para proteger los puestos de trabajo de Louisiana.
Pero
ya el tema de las violaciones a los derechos humanos ha llegado a formar parte
de la campaña electoral en la que la senadora trata de conseguir su reelección,
y su contrincante –el republicano Bill Cassidy– la acusa ya de salir en respaldo
del autoritarismo del régimen chavista.
“Los
funcionarios del régimen venezolano han estado oprimiendo a venezolanos
inocentes, saqueando la riqueza del país, viajando a Estados Unidos para
derrochar y luego regresar a Venezuela para continuar con la represión”,
manifestó recientemente Cassidy en un comunicado redactado conjuntamente con
Rubio.
La
contienda entre Landrieu y Cassidy es muy reñida y el tema de las sanciones ha
incrementado la temperatura de la campaña. Activistas venezolanos de Miami, encabezados
por la ONG Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), ha organizado
jornadas de protesta en Louisiana para denunciar la decisión de la senadora.
Además
de escribirle a la senadora, la unidad estadounidense de PDVSA contrató a dos
influyentes firmas de cabildeo para tratar de incrementar su influencia en
Washington.
Según
el blog Politico, Citgo contrató a las firmas Squire Patton Boggs y Cornerstone
Government Affairs, pagándoles un total combinado de $450,000 en honorarios en
el segundo trimestre. La empresa además le pagó $100,000 a Grayling, una firma
que también le representa en Washington.
Squire
Patton Boggs, en particular, tiene una larga relación con Landrieu. El ex
senador de Louisiana, John Breaux, quien es copresidente de la firma de
cabildeo, ejerció su período en la Cámara Alta al lado de la senadora, reportó Político.
Publicar un comentario