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| La explosión dejó al menos 8 muertos |
BOGOTÁ — Ocho personas murieron y, hasta el momento, veintitrés resultaron heridas en un ataque con carro bomba en una academia policial, suceso que despertó miedos de que regrese el pasado de violencia generalizada en Colombia.
Las imágenes desde la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada al sur de la capital colombiana, mostraban los restos de una gran explosión que dejó ennegrecida la calle; los edificios aledaños tenían pedazos de metralla e incluso los árboles cercanos se quedaron sin hojas.
Policías que lucían aturdidos caminaban por el sitio en busca de sobrevivientes. Había temores de que el saldo de víctimas, reportado por el Ministerio de Defensa, fuera a crecer.
“Mi solidaridad con nuestros policías frente al acto terrorista en la Escuela General Santander”, tuiteó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Iván Duque, el presidente de Colombia y quien estaba fuera de la capital cuando sucedió el ataque, tuiteó que el bombardeo fue un “miserable acto terrorista” e informó que se dirigía hacia Bogotá para la investigación del hecho. “Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo”, añadió.
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| varias personas resultaron heridas |
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El carro bomba causó conmoción en Bogotá no solo por el saldo, sino por la implicación histórica: por mucho tiempo tales ataques fueron comunes en la capital como parte del conflicto entre paramilitares, guerrillas y narcotraficantes.
Familiares de estudiantes de la academia policial y de víctimas del carro bomba Credit John Wilson Vizcaíno/Associated Press
Sin embargo, desde hace años no se había registrado un ataque de este tipo en la ciudad. Ningún grupo reivindicó el atentado inmediatamente después de lo sucedido.
“Dios bendiga nuestro país y no permita que las épocas oscuras en donde reinaba la violencia regresen a nuestra amada Colombia”, tuiteó el congresista César Pachón.
Hacia el mediodía del jueves 17 de enero, los familiares de los cadetes de la academia estaban reunidos ahí para buscar a sus seres queridos.
Entre ellos estaba Leonor Pardo, una vendedora cuyo hijo de 21 años había estado estudiando en la academia y acababa de ser encontrado ileso.
“Escuchamos una explosión. Fue horrible porque lo primero en lo que pensé fue en mi hijo”, dijo Pardo, que se encontraba cerca de la academia policial en el momento del estallido. “Casi me desmayo”.
Pardo y otros en el lugar dijeron que sospechaban de los guerrilleros que aún quedan, muchos de los cuales están prófugos y armados a pesar de la firma de un acuerdo de paz con el grupo más numeroso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016.
“No sabemos si fueron las guerrillas o quién fue”, dijo Pardo. “Pero las guerrillas sin duda han estado ganando fuerza”.
El lugar del ataque contra la academia policial en la capital colombiana Credit Juan Barreto/Agence France-Presse — Getty Images
En enero de 2018, combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más grande que queda, mataron a cinco policías e hirieron a más de cuarenta personas en la ciudad de Barranquilla después de bombardear una estación policial ahí. El ELN también secuestró a cuatro soldados, tres policías y dos contratistas del ejército el año pasado en un intento de ejercer presión hacia el gobierno de Duque para establecer negociaciones de paz. Las personas fueron liberadas, pero el gobierno rechazó dialogar.
Sin importar quién o quiénes sean los responsables del ataque del jueves, este fue un golpe para Duque, cuyos índices de aprobación presidencial han caído en los últimos meses, particularmente en cuanto a percepción de seguridad.
“Creo que esto ocurre en una coyuntura crítica para el gobierno de Duque”, dijo Arlene B. Tickner, politóloga en la Universidad del Rosario en Bogotá que escribe una columna en el periódico colombiano El Espectador. “Él no está arriba en las encuestas, se burlan de él en algunos círculos y está bajo una tremenda presión por el tema de la seguridad”, dijo.
Ante la presión de su partido de derecha, el Centro Democrático, Duque remplazó hace poco a los mandos de la Policía Nacional y las fuerzas armadas con dirigentes de línea dura y ascendió a otros militares de alto rango que Human Rights Watch ha vinculado con ejecuciones extrajudiciales.
“La decisión de designar a oficiales vinculados con evidencia creíble a abusos graves envía un mensaje tóxico a las tropas de que el respeto a los derechos humanos no es necesario”, dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El ataque también podría tener repercusiones para los residentes de Bogotá, dijo Tickner, la politóloga. Indició que muchos, incluida ella, están deseosos de pasar de página en la historia de violencia de Colombia.
“Como alguien que ha vivido algunos de los tiempos de más terrible violencia en ciudades como Bogotá, esto me trae terribles recuerdos de pasar al lado de autos abandonados y preguntarme si era un carro bomba”, dijo.
