FAMILIARES EXIGEN INVESTIGACION:
El hecho ocurrió el 28 de diciembre durante un motín que protagonizaron los internos para exigir traslados, y donde estallaron tres granadas. El saldo final fue de dos muertos (la joven y un custodio) y seis heridos.
Anthony Lugo, hermano de la fallecida, refirió que redactaron una carta dirigida a la ministra Iris Varela para que ordene una investigación y les dé respuestas en torno al crimen.
Refirió que ese día su hermana estaba en la oficina dentro del penal, donde cumplía labores como Socializadora (revisaba cédulas y verificada el estado de los alimentos), cuando estalló la primera granada que dio inicio al motín.
"El artefacto explotó cerca de la oficina, en una garita. Ella salió corriendo y al abrir la puerta un preso la tomó como rehén. Un custodio que estaba cerca los apuntó y el preso la puso como escudo. En ese momento el custodio disparó y mi hermana cayó herida", dijo el muchacho.
Tras el hecho, varios reclusos la arrastraron herida y la resguardaron en una celda cercana donde estaba el novio de ella, Rafael Gámez, que también es custodio en el penal.
El joven, con ayuda de varios internos, rompió una pared para sacarla del recinto, pues no podían salir por la puerta principal producto de las detonaciones y el enfrenamiento que había entre militares y reclusos.
Cuando finalmente la sacó y la montó en una patrulla para trasladarla al hospital, la joven murió en el trayecto. "Él iba dándole aliento, pero mi hermana no aguantó", reveló el joven.
Aclaró, además, que la joven no murió producto de las esquirlas por el estallido de la granada como se hizo saber al principio. "Ella tenía heridas de perdigón".
Incluso, revelaron que "La autopsia realizada por la Médico Forense, DRA: EGLY CALLES. Cedula de Identidad N V-16. 364.231. M.P.P.S 72.600, C.M.C 3.401 determina que fallece por SCHOK HIPOVOLÉMICO, HEMOPERITONEO Y HERIDA DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO".
Ante esto, la familia espera que haya una investigación y se castigue al verdadero responsable del asesinato.
Además, indicaron que otros responsables directos por la seguridad de los trabajadores del penal son: el director del centro, Anthonny Domínguez, y el director de la región central de seguridad y custodia, José Manuel Mendoza. "Ellos también deben ser investigados, porque dejaron pasar esas granadas al penal", refirieron los familiares.
María Alejandra era licenciada en Educación de la Misión Sucre y técnico radiólogo egresada de la Universidad Rómulo Gallegos. Tenía siete meses trabajando en el penal y vivía en la urbanización Altos de Fénix II, en la vía hacia la carretera nacional de San Juan de Los Morros.
Fuente El Universal.
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