 |
| Enmasa justifica el vertido al mar en Cabo Llanos por falta de capacidad de la depuradora/MP |
ESPECIAL. El
Gobierno de Canarias ha comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz la apertura de
un expediente para modificar la autorización concedida en 2005, que permite que
la Empresa Mixta de Aguas del municipio (Emmasa) vierta al mar, en la zona de
La Hondura, una media de 20.000 metros cúbicos de aguas residuales al día,
previo tratamiento en la estación de bombeo de Cabo Llanos. La Viceconsejería
de Medio Ambiente considera que Emmasa ha incumplido varios de los aspectos recogidos
en la autorización, desde verter más agua de la permitida, hasta el deficiente
tratamiento previo de los residuos, pasando por la afectación de las aguas de
baño de la zona.
La autorización permitía verter aquellas aguas que no podían
ser bombeadas a la Estación Depuradora (EDAR) de Buenas Aires, un bombeo que en
la práctica, según confirma la propia Emmasa, no se produce por la falta de
capacidad de la depuradora, lo que ha llevado a verter al mar todas las aguas
residuales de la parte baja de Santa Cruz. De revocarse este permiso, Emmasa
tendría que depurar todas las aguas residuales que llegan a Cabo Llanos en la
EDAR de Buenos Aires, lo que impediría, según confirmó el
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que la depuradora tratara las
aguas de El Rosario y La Laguna.
La
apertura de este expediente fue dada a conocer ayer por Sí se puede tras tener
acceso a los informes elaborados por los técnicos de Servicios Públicos a raíz
de la comunicación del Ejecutivo regional. Según el edil Pedro Fernández
Arcila, los informe cuestionan, por un lado, las medidas que se han tomado para
evitar el vertido en los últimos cuatro años y, por otro, que la falta de
capacidad de la depuradora, motivo que alega Emmasa para no tratar las aguas
que llegan a Cabo Llanos, sea tan limitada.
“Los
técnicos ponen contra las cuerdas al gobierno de Bermúdez, hasta el punto de
que si no hace nada, la situación procesal se puede complicar mucho en el
ámbito penal”, afirmó Arcila, quien recordó que hay un proceso penal abierto
desde 2008 por estos vertidos, actualmente en fase de instrucción, y al que que
Sí se puede ha decidido sumarse ante el contenido expuesto en los informes.
El
expediente abierto por la Viceconsejería de Medio Ambiente puede quedar en
supenso si el Ayuntamiento elabora un plan de actuación, a ejecutar en tres
años, para corregir las deficiencias que obligan a verter directamente al mar
las aguas residuales. Este plan ha de ser redactado de inmediato y debe contar
con ficha financiera. Los técnicos municipales ya han realizado sus
sugerencias, llegando incluso a tachar de “desleal” a Emmasa por haber
presentado por su cuenta las alegaciones al expediente.
Según
los informes que mostró Sí se puede, el principal inconveniente para la
elaboración de este plan, es buscar la financiación de las obras necesarias,
que pasan por la ampliación de la estación de Cabo Llanos y por la de la
depuradora de Buenos Aires. Es más, la Viceconsejería de Medio Ambiente señala
que en el último caso no admite que se condicionen las actuaciones a la
financiación estatal, ya comprometida, advirtiendo de que el plan de etapas se
tiene que hacer independientemente de este compromiso, que según los técnicos,
tras consultar al Estado, podría demorarse entre tres y cuatro años. De esta
forma en los informes de Servicios Públicos se establece que hay distintas
formas para financiar el citado plan de etapas. La principal pasa porque la
asuma Sacyr Vallehermoso, como parte del compromiso de inversión que figura en
el pliego de condiciones que le dio la gestión del agua.
Otra
forma es que los municipios que depuran sus aguas residuales en Santa Cruz, La
Laguna y El Rosario, aporten parte de la financiación en función del volumen de
agua depurada. Hay otra propuesta que es la que sugirió el Gobierno de Canarias
(con el apoyo de Emmasa) y es que ese plan de actuación sea financiado por el
Ayuntamiento con aportaciones anuales.
Ampliación
Entre
los centenares de páginas que conforman los informes llama la atención que los
técnicos pongan en duda la falta de capacidad de la EDAR de Buenos Aires para
depurar las aguas que llegan a Cabo Llanos, tal y como alega Emmasa. Proponen
que se haga una auditoría externa puesto que, según algunos informes a los que
han tenido acceso, es posible que la depuradora tenga mayor capacidad. Fijan en
hasta 40.000 metros cúbicos al día, frente a los 23.000 que dice la empresa
gestora, la capacidad de depuración. Incluso otro informe hablaría de tres
líneas de depuración, de 30.000 metros cúbicos cada una, que elevaría a 90.000
esa capacidad.
Sanciones
La
constatación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente de los
incumplimientos de Emmasa en el ámbito de la depuración ha llevado a que
informen a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), entidad
que ha procedido a la apertura de un expediente sancionador contra el
Ayuntamiento de Santa Cruz. Este último ha sido a su vez suspendido tras
conocer la Agencia el proceso penal abierto por esta causa y en el que están
imputados el actual concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el exedil
Norberto Plasencia.
También
se señala en los informes municipales que la Unión Europea (UE) ha procedido a
abrir otro expediente sancionador, en este caso a España, por el mismo motivo,
tras confirmar el propio Gobierno central, en respuesta a una pregunta de la
UE, que se está incumplimiento la ley europea en materia de medio ambiente en
Santa Cruz.
El
Ayuntamiento recurrirá al juzgado
Ante
la contundencia de los informes elaborados por los técnicos de Servicios
Públicos, el concejal del área, Dámaso Arteaga, mantenía ayer que el expediente
abierto por el Gobierno de Canarias aún está en fase de alegaciones: “Emmasa ya
ha presentado las correspondientes alegaciones, que el Ayuntamiento hace suyas,
y estamos a la espera de conocer la respuesta a las mismas”. De no ser
atendidas y revocarse la actual autorización, Arteaga avanza que el Consistorio
recurrirá al juzgado y presentará un contencioso administrativo. Más allá de
este trámite, el edil quiso llamar la atención sobre las consecuencias de
revocar la autorización a Emmasa, puesto que “el daño medioambiental va a ser
mayor que el que está provocando el actual vertido, que se disuelve en el mar
en el 98%, ya que la depuradora tendría que dejar de aceptar las aguas
residuales de La Laguna y El Rosario”.
Arteaga
aseguró que ya se trabaja conjuntamente con Emmasa en la elaboración del plan
de etapas pedido por la Viceconsejería de Medio Ambiente e insistió en que la
solución definitiva pasa por la ampliación de la depuradora, “que tiene que
asumir el Estado”. El edil aseguró que el Gobierno de Canarias no puede obligar
al Ayuntamiento a financiar una infraestructura que no es municipal.
Arteaga
reconoció que se han tenido “dificultades” para cumplir con las condiciones
expuestas en la autorización concedida en 2005, negando incumplimientos o que
se hayan producido más vertidos de los autorizados por el Gobierno de Canarias.
Publicar un comentario