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| Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República |
ESPECIAL/informedigital24. A
diecisiete meses del fin de la ola de protestas que sacudió al país y que dejó
43 fallecidos y más de 800 heridos, todavía hay sospechosos de ser responsables
de algunas de esas muertes, o de infligir lesiones, que están en libertad. Así
lo reconoció la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien instó
a los organismos de seguridad, en particular al Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a detenerlos.
"Tenemos
pendientes las órdenes de captura de un grupo de ciudadanos que están señalados
por ser presuntamente autores de algunos de los crímenes que se cometieron
durante esos meses entre febrero y junio de 2014, queremos hacer el llamado en
el marco de la actividad que despliegan los órganos de seguridad a ser
efectivas las capturas de estas personas que están siendo solicitadas, todo con
el fin de hacer justicia", afirmó la jefa del Ministerio Público, luego de
reunirse ayer en su despacho con miembros del Comité de Víctimas de las Guarimbas
y del Golpe Continuado.
Consultada
sobre cuántas órdenes de captura restan por materializar, Ortega Díaz indicó
que son entre "siete u ocho", aunque no precisó si las mismas
afectaban a igual número de personas o no.
También
dijo que solicitará al jefe del Cicpc, José Sierralta, una reunión para diseñar
un plan de acción para ejecutar esas órdenes.
Balance
Tras
calificar de "conmovedora" la reunión que mantuvo con los miembros
del Comité, que agrupa a parte de los familiares y lesionados de los sucesos de
2014, la Fiscal General informó que hoy hay 36 personas tras las rejas por
estos hechos, de los cuales 14 son agentes policiales o efectivos militares
acusados de cometer violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo
reveló que de las 3.551 personas que fueron detenidas y procesadas durante las
protestas 1.659 fueron sobreseídas; mientras que 1.558 fueron acusadas y solo
dos casos fueron archivados.
Desde
el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y otras
organizaciones se denunció en su oportunidad que los cuerpos de seguridad
enviados a disolver las manifestaciones incurrían en detenciones masivas y
arbitrarias.
Ortega
Díaz también informó que en la actualidad solo quedan 158 ciudadanos con
medidas cautelares, tales como prohibición de salida del país o régimen de
presentación periódica ante los tribunales.
Siempre vigilantes
Al
ser consultada sobre la polémica Operación Liberación del Pueblo (OLP), lanzada
por el Gobierno para desarticular bandas criminales y en la que participan
militares, Ortega Díaz anunció que su despacho ha lanzado "todo un
despliegue para verificar y constatar que los procedimientos sean ajustados a
derecho, para garantizar la integridad de las personas que son aprehendidas; es
decir se hace a través de nuestros médicos de la Unidad Criminalística el
reconocimiento para que no tengan ningún maltrato, para que sean presentados
(ante los jueces) dentro del lapso debido, para que se les garantice su derecho
a la defensa y puedan ver a sus familiares".
JUAN FRANCISCO ALONSO/EL UNIVERSAL
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