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| Foto: Antonio Heredia/El Mundo |
ESPECIAL/informedigital24. «Tomad
las llaves de la ciudad y vamos a gobernar todos juntos». La intención de
Manuela Carmena de que los vecinos participen en la toma de decisiones del
Ayuntamiento de la capital no es sólo teórica. Su equipo está ya trabajando en
el desarrollo de un mecanismo de consulta popular vinculante que entrará en
vigor «antes de que acabe el año».
La
idea es que cualquier iniciativa de calado municipal que cuente con el respaldo
de «entre el 1% o el 2%» del censo municipal [el porcentaje exacto está por
definir] se someta a referéndum. En el caso de que obtenga una mayoría simple
de votos positivos (sin quórum, es decir, sin un número mínimo de votantes),
Ahora Madrid la asumirá como una propuesta vinculante, y la aprobará la Junta
de Gobierno en el caso de que tenga potestad para hacerlo. En caso contrario,
la trasladará al Pleno del Consistorio, y la aprobará presumiblemente con el
apoyo del PSOE, que se comprometió durante la campaña electoral a apoyar
consultas ciudadanas.
El
ideólogo de este procedimiento es Pablo Soto, responsable del Área de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Criado en el seno
del movimiento indignado del 15-M -allí montó las redes sociales del
colectivo-, el concejal, experto informático, quiere impulsar ahora desde las
instituciones el cambio que se reclamaba en la Puerta del Sol en 2011 agitando
las manos en alto.
«El
propio mecanismo, que es muy sencillo, es una expropiación de poder a los
representantes porque entrega las riendas de las decisiones de los ciudadanos»,
reconoce el recién nombrado edil, que ya tiene preparadas las respuestas para
todas las objeciones que se pondrán a su iniciativa que anticipa que no es
«nada agresiva». «Lo bueno es que nada de esto es definitivo. Por fin tenemos
la posibilidad de equivocarnos y probar nuevas soluciones», asegura Soto, que
durante los últimos años ha estudiado este mecanismo en otros lugares del mundo
donde funciona, como Suiza o estados de EEUU o Alemania.
Grupo
de trabajo
Cuando
se presente en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta ciudadana y consiga el
respaldo necesario para someterla a consulta popular, se creará un grupo de
trabajo «con expertos en la materia, asociaciones interesadas en promoverla y
colectivos de afectados, si el tema tiene afectados». Según explica Soto, «no
se trata de corregirla, sino de arroparla y que genere consenso». De esas
reuniones saldrá la pregunta exacta que votarán los vecinos.
En
todo caso, si la persona o el organismo impulsor no estuviera de acuerdo con el
resultado, «se votarían las dos cosa», la versión original y la modificada. Los
referéndums, que se aprobarán en Junta de Gobierno, se realizarán a través de
una plataforma informática, en la que ya se ha puesto a trabajar el personal
municipal, aunque también habrá la posibilidad de hacerlo con la tradicional
papeleta de toda la vida el día en el que se haga la convocatoria oficial.
La
previsión es que todo el proceso de consulta pueda realizarse en un plazo de
entre uno y seis meses para agilizar la puesta en marcha de las reivindicaciones
ciudadanas. «No nos vamos a saltar ninguna ley, pero con voluntad puedes hacer
más de lo que la ley te pide», asegura Soto, que añade que «no todo lo que se
someta a consulta irá a pleno, porque el Ayuntamiento es una corporación que
decide y gobierna», y en los casos en que la Junta de Gobierno tenga
legitimidad para aprobar una propuesta lo hará, como en los casos de ordenanzas
o de algunas licencias municipales.
Paralelamente,
Ahora Madrid impulsará una reforma del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de la capital para oficializar esta «nueva forma de
hacer política». «Habrá resistencias al cambio, pero vamos a trabajar para que
esto no quede en una experiencia democrática muy bonita de cuatro años», señala
Soto.
Tal
y como están reguladas ahora, las consultas ciudadanas promovidas por
iniciativa popular necesitan estar suscritas «por al menos el 10% de los
vecinos del municipio» lo que, padrón en mano, supone reunir 320.000 firmas.
Posteriormente, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, precisan del acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno
local y de la autorización del Gobierno de la nación, que solo autorizará los
de «especial relevancia».
Además,
tal y como recoge la actual normativa, sólo pueden realizarse consultas sobre
«asuntos de competencia municipal, con excepción de los relativos a la Hacienda
local», y estos no serán vinculantes.
Reformar
el reglamento interno
El
objetivo del equipo de Carmena es llegar a un acuerdo con los grupos de la
oposición para modificar el reglamento del Ayuntamiento de Madrid y que la
flexibilidad de la participación ciudadana no dependa del color del partido que
dirija el Gobierno de Cibeles. Su idea es reducir ostensiblemente el listón del
número de personas que tienen que apoyar que una iniciativa se someta a
referéndum y que los resultados del mismo sean de obligada aplicación para la
corporación de turno.
¿Y
si el Gobierno de la nación no está por la labor de autorizar la consulta [como
cabría suponer si en la Moncloa está una formación contraria a este sistema]?
«En esto va a consistir el cambio, en resolver esas tensiones, hay que empujar
como sociedad y los que quieran parar la democracia que se retraten», vaticina
Soto. «Si el Gobierno central no tiene voluntad política, pues ya veremos, hay
que dialogar», asegura el edil, que participó en un inicio en el equipo de
Participación de Podemos, un partido del que se ha distanciado en los últimos
meses.
Según
Soto, la experiencia en otros países demuestra que la gente no va a estar
votando todo el tiempo. «Al principio va a haber mucha participación porque hay
muchas cosas pendientes, pero cuando se vayan resolviendo los temas se
reducirá», señala el edil, que una de las primeras cosas que hizo al llegar a
su despacho del Área fue colocar en una pared una fotografía área de la Puerta
del Sol repleta de gente en las concentraciones del 15-M.
«Hasta
ahora a los ciudadanos no nos han preguntado sobre nada, tenemos muchas cosas
sobre las que hablar», precisa Soto, que señala que los referéndums, que
estarán dentro de los límites de la Constitución, la defensa de los Derechos
Humanos y de las minorías, se podrían agrupar en un mismo día para evitar
saturar con muchas consultas.
El
edil, que saltó a los medios en 2011, cuando ganó en los tribunales un juicio a
las discográficas, que le pedían 13 millones de euros por piratería, señala que
hay numerosos estudios que demuestran que en los lugares donde la población
vota se genera un 7% menos de deuda nueva -«se proponen gastos menos locos y
menos absurdos que cuando lo hacen los representantes, como el aeropuerto
peatonal [de Castellón]»-, y añade que se aprueban un 40% menos de leyes que
afectan a las minorías con los mecanismos participativos que con los
representativos. «Cuando la gente opina sobre su dinero, sobre sus impuestos,
opina cosas muy coherentes».
«Vamos
a poner las mecanismos a andar cuanto antes, es vital para el grandísimo
consenso ciudadano que hay ahora mismo de que necesitamos mejorar la democracia
que tenemos, y eso supone más participación y transparencia», concluye el
concejal, que vaticina que con este método Madrid será «una ciudad más
habitable y con menos pelotazos».
LOS PLAZOS DE LOS REFERÉNDUMS
1.- Propuesta. Cualquier vecino podrá elevar al
Ayuntamiento de Madrid la propuesta que quiera para su barrio o para la ciudad
dentro de la ley y siempre que no vulnere los derechos de las minorías, entre
otros condicionantes. Se inicia así un proceso que durará entre uno y tres
meses.
2.- Avales. Se inicia una recogida de avales
(de forma física en oficinas municipales y por Internet en el portal de
Transparencia) para saber si la propuesta suma entre un uno y un dos por ciento
de apoyo del censo de la capital.
3.- Reuniones. Si consigue los apoyos
necesarios el Ayuntamiento montará un grupo de trabajo con expertos en la
materia, asociaciones interesadas, o personas afectadas por la iniciativa.
4.- La pregunta. De esas reuniones, en las que
estará presente el impulsor de la propuesta, saldrá la pregunta definitiva que
se someterá a votación ciudadana. De no gustar al promotor el resultado final,
se someterán a referéndum las dos preguntas.
5.- Votación. La iniciativa saldrá adelante si
obtiene una mayoría simple de los votantes. No habrá quórum, con lo que no se
pide un mínimo de participantes en el referéndum.
6.- Puesta en práctica. Si el 'sí' gana la
consulta, la Junta del Ayuntamiento de Madrid podrá aprobarla si tiene
legitimidad para regular el aspecto propuesto. Si no se votará en el pleno. El
PSOE dijo en campaña que apoyaría las iniciativas ciudadanas.
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