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| Foto: AFP |
EFE.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó en tres
audiencias la situación de derechos humanos en Venezuela y denuncias sobre una
presunta falta de independencia judicial y obstáculos a la libertad de
expresión en el país.
La
directora de la organización Cofavic, Liliana Ortega, indicó que la violencia y
la impunidad son dos “ejes transversales para entender la situación en
Venezuela”, y que ambas han aumentado en el contexto de las protestas que se
produjeron en el país entre febrero y junio de este año.
“Venezuela
es el único país del mundo donde la tasa de homicidios ha tenido un incremento
sostenido desde 1995″, sostuvo Ortega, y dijo
haber documentado “unos 892 casos de violación al derecho a la vida y
desapariciones forzadas” entre enero y septiembre de este año.
Ortega
aseguró que el Ministerio público de Venezuela “abrió este año 189
investigaciones en relación a las propuestas de febrero a junio”, pero “en el
80 % de los casos no se continuó con el proceso”.
“El
único modo para afrontar la impunidad es realizar investigaciones transparentes
e inequívocas que puedan dar al mensaje a quienes cometen estos delitos de que
el Estado venezolano no los tolera”, sostuvo la activista.
Por
su parte, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, aseguró que, a pesar de que el
expresidente de Venezuela Hugo Chávez “hizo de reducción de pobreza una
prioridad, lamentablemente esa no es la situación” que se vive hoy en
Venezuela.
“En
2013 la pobreza aumentó un 6 %, una cifra bastante significativa. La inflación
es del 56 %, y en alimentos del 100 %. Todos sabemos que la inflación afecta
fundamentalmente a los sectores más pobres”, argumentó Alvarado.
En
otra audiencia, la Asociación Civil Un Estado de Derecho (UED) aseguró que “hay
hechos que demuestran la falta de independencia del poder judicial y que está
plegado al poder político”, algo que negó rotundamente el representante del
Gobierno, Luis Damiani.
“Esto
representa una gravísima acusación, afirman que el poder judicial venezolano
produce sentencias no ajustadas a criterios jurídicos (…). Los jueces están
únicamente sujetos a la ley”, subrayó Damiani, un profesor de la Universidad
Central de Venezuela que habló en apoyo a los representantes del Gobierno
venezolano.
Por
último, una última sesión incluyó denuncias de que en Venezuela “han disminuido
los espacios para la crítica” en los medios de comunicación, como “consecuencia
de la persecución y el acoso por razones políticas y no profesionales”, en
palabras de Marco Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Prensa.
Al
respecto, el abogado adscrito al Estado venezolano Luis Britto afirmó que “en
Venezuela hay la mas absoluta libertad de expresión del mundo, y “toda esta
prensa” que denuncia lo contrario “es cerril y absolutamente hostil al
Gobierno.
El
Estado de Venezuela reiteró además las críticas a la CIDH que ha emitido en
varias audiencias en los últimos años, dado que acusa a la Comisión de
parcialidad y de haber respaldado el intento de golpe de Estado contra el
Gobierno de Hugo Chávez en 2002.
“Es
evidente que la Comisión y la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) se han
parcializado totalmente en contra de Venezuela, agrediendo a un Gobierno que es
soberano y democrático”, dijo el representante del Gobierno venezolano para
derechos humanos, Germán Saltrón.
Al
respecto, el comisionado Felipe González instó al Estado a permitir una visita
del pleno de la CIDH a Venezuela para recabar información sobre la situación de
derechos humanos, algo que ha Caracas rechaza debido al caso del intento de
golpe de Estado contra Chávez.
“La
tendencia que se ha visto en los Estados de OEA en los últimos años ha sido de
accesibilidad creciente a visitas de la Comisión. Es excepcional que no se le
permita visitar un país”, afirmó Felipe González, uno de los siete miembros de
la CIDH.
“El
problema de la Comisión es que tiene que informar sobre la situación en
Venezuela a través de audiencias y documentos de la sociedad civil. No cabe
duda de que sería mucho mejor para la Comisión poder realizar una visita al
país”, agregó.
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