NATI
VILLANUEVA/ABC.es/MADRID. El
Tribunal Constitucional acaba de admitir el recurso del Gobierno contra la ley
de consultas de Artur Mas y el decreto de convocatoria del referéndum
encubierto del 9-N. Ambas normas quedan suspendidas de forma automática desde
este momento y durante un periodo de 5 meses.
La
primera consecuencia de la admisión por parte del Pleno es que cualquier acto
preparatorio relacionado con la consulta fijada para noviembre supondría
incurrir en un delito de desobediencia a una resolución judicial. No obstante,
el Gobierno y el Parlamento catalán disponen ahora de quince días, en el caso
del recurso contra la ley, y de veinte, en el caso del decreto, para formular
alegaciones contra la decisión del TC.
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| La abogada del Estado Marta Silva, tras presentar los recursos en el TC |
La
reunión del Pleno, de carácter extraordinario, apenas ha durado una hora y diez
minutos, tiempo en el que los magistrados se han limitado a comprobar si los
recursos del Ejecutivo cumplían los requisitos formales para su admisión. En
este caso, iban acompañados del dictámen del Consejo de Estado y de la
autorización del Consejo de Ministros al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, para proceder a la interposición de este recurso.
Por
tanto, el Pleno no ha entrado en el fondo de la cuestión, es decir, debatir
sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de consultas y del decreto que
la desarrolla, algo que abordarán a partir de las próximas semanas.
La
convocatoria de este pleno con carácter urgente se produjo después de que la
abogada del Estado Marta Silva haya presentado los dos recursos del Ejecutivo
en el TC contra la ley de consultas aprobada el viernes por el Parlamento
catalán y el decreto de convocatoria firmado el sábado por el president de la
Generalitat, Artur Mas.
Ha
sido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en una
comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse de forma
extraordinaria el Consejo de Ministros, ha anunciado que el Ejecutivo recurría
ante el Constitucional la consulta del 9-N y la ley que la ampara.
En
la declaración institucional, Rajoy ha dejado claro que «no hay nada ni nadie,
ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única
e indivisible sobre la que se basa» la convivencia entre los españoles, ni se
puede «privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país».
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