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| Un acto de la Asamblea Nacional Catalana celebrado en Tarragona el pasado mes de abril |
J. FERNÁNDEZ-MIRANDA/Abc.es/MADRID. La
Asamblea Nacional Catalana admite que en su contabilidad interna del ejercicio
2013 figuraban ingresos sin justificar por valor de 1,5 millones de euros, lo
que supone que podrían haber incurrido en un delito fiscal.
Así
consta en las actas de las asambleas celebradas por el Secretariado Nacional de
esta organización independentista, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC. En
esos encuentros se puso sobre la mesa la existencia de las irregularidades y se
valoraron distintas opciones para tratar de justificar los ingresos con el fin
de evitar que fueran detectados por Hacienda.
Según
las cuentas de la propia asociación, sus ingresos se basan principalmente en
donaciones, aportaciones y venta de productos de «merchandising»
independentista. En el capítulo de donaciones, en su primer año de existencia,
2012, declararon unos pocos miles de euros. Un año después, en 2013, el desafío
independentista del presidente de la Generalitat Artur Mas propició que el
crecimiento fuera exponencial: se elevó hasta el millón setecientos mil euros.
El capítulo de «merchandising» no se queda corto. La oferta de bufandas,
gorras, camisetas, bolígrafos y todo tipo de objetos vinculados a una Cataluña
independiente es ingente en todos y cada uno de los actos organizados por ANC:
la Diada de 2013, el concierto de la libertad, la marcha, etc.
Sin tesorería acorde
Sin
embargo, el enorme crecimiento en los ingresos no se vio acompañado de una
estructura de tesorería acorde, lo que ha propiciado que la ANC haya podido
incurrir en un delito fiscal al desconocerse el origen de parte de sus fondos.
Todo ello agravado -como reconocen en numerosas ocasiones los asistentes a esas
reuniones- por el descontrol generalizado en las cuentas de las asociaciones
territoriales.
De
las actas de los debates mantenidos en esas reuniones se deducen tres
conclusiones: la constatación de que su contabilidad ha sido defectuosa al
menos hasta mediados de 2013, lo que generó unos ingresos sin justificar de 1,5
millones de euros;el temor a que Hacienda detectara el fraude si las cuentas de
2013 se cerraban sin atribuir esos ingresos a algo o a alguien; y su interés
por encontrar el método -legal o ilegal- para ocultar las irregularidades.
Los
miembros de la ANC fueron conscientes de la posibilidad de defraudar a Hacienda
en las reuniones del Secretariado Nacional celebradas a primeros de 2014, en
las que se abordó el cierre de las cuentas del año 2013. Si no se justificaba
ese millón y medio de euros, los resultados no podrían ser aprobados y, además,
se podría estar incurriendo en un delito fiscal.
Así
lo expresó uno de los asistentes, Carles Valls, a la reunión del 1 de abril del
2014: «Hay que tener claro que si no podemos justificar estamos en situación de
posible delito fiscal. ¡Estamos hablando de 1’5 millones!». Y añade: «Puedo dar
por buenos los números si el tesorero se compromete a justificarlos».
«No se hacía bien»
El
tesorero, Oriol Sallas -que asumió el cargo en sustitución de Lorrenç Sotorres
en junio de 2013- aseguró en una reunión del Secretariado Nacional que tuvo
lugar el 15 de febrero de 2014 que la contabilidad que llevaba su antecesor no
era correcta: «Respecto a la anterior gestión, en el traspaso con Llorenç
Sotorras, éste reconoció que exclusivamente se dedicaba a llevar la
contabilidad de la ANC central. Ahora ha reconocido que no se hacía bien». Ya
en ese encuentro, en el debate entre los asistentes se habla de la «opacidad»,
los «defectos de forma» o del «problema» del IVA...
Un
mes después, el 15 de marzo, Valls cuestionó de nuevo el sistema para
contabilizar ingresos provenientes de las asambleas territoriales y la cantidad
devengada por los ingresos de IVA pagado, por lo que solicitó la contratación
de una auditoría externa. Ante sus peticiones, se decidió convocar a una
comisión de expertos para tratar de resolver el problema.
Dos
semanas más adelante, en una nueva reunión celebrada el 1 de abril, uno de los
puntos en el orden del día es, precisamente, la presentación del acuerdo entre
los expertos económicos por el cierre de las cuentas 2013. El tesorero Sallas
revela la principal recomendación de los citados expertos para sortear el
delito fiscal: «Cambiar el concepto de "donaciones" por el de
"aportaciones"». También les sugirieron que no incluyeran el concepto
"ventas", porque «si no estábamos reconociendo que vendíamos y había
que cambiar el sistema fiscal».
En
definitiva, se trata de esquivar el delito fiscal con el fin de justificar ese
millón y medio de euros. El motivo lo expresó, una vez más, Valls: «El problema
gordo es que se deben justificar 1,5 millones porque lo dice la ley y por ahí
es por donde nos pueden pegar».
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