ANTONIO MARÍA DELGADO/elnuevoherald.com.
La denuncia, que también acusa al régimen de hacer uso del sistema judicial
venezolano como instrumento de persecución política, atribuye al chavismo una
cadena de violaciones a los derechos humanos que habrían sido perpetrados por
los cuerpos de seguridad del chavismo durante al feroz represión de los
manifestantes que dejó este año más de cuarenta muertos, cientos de heridos,
miles de arrestos y docenas de casos documentados de tortura.
La
denuncia había sido presentada en abril por los legisladores, agrupados bajo la
Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), organización conformada
por diputados y senadores de Iberoamérica interesados en promover los derechos
humanos y los valores democráticos.
En
una carta dirigida a la alianza, el jefe de la Unidad de Información y
Evidencia de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Mark
Dillon, notificó a los legisladores que su oficina había iniciado la etapa de
indagaciones preliminares.
“Bajo
el artículo 53 del estatuto de Roma, el fiscal debe considerar si existe una
base razonable para creer que se han cometido crímenes dentro de la
jurisdicción de la corte, la gravedad de los crímenes y si el sistema nacional
está investigando y procesando los crímenes relevantes con el interés de la
justicia”, escribió Dillon en la notificación dirigida al presidente de la
APDA, el diputado boliviano Adrián Oliva.
“El
análisis será realizado con la mayor celeridad posible, pero favor de tener en
cuenta que un análisis significativo de estos factores podrían tomar su
tiempo”, agregó.
Oliva
explicó desde Bolivia que la comunicación emitida por la fiscalía del CPI es el
preludio de una eventual investigación por parte de la corte de las graves violaciones
a los derechos humanos que están siendo cometidos en Venezuela.
Uno
de los puntos a tomar en consideración es la existencia de las cortes en
Venezuela que deberían, de manera natural, proceder a investigar las graves
denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Pero
los legisladores argumentaron en su denuncia que eso no es posible ante la
falta de independencia del poder judicial en Venezuela, donde Maduro gira
instrucciones en público a los fiscales para que procese judicialmente a
opositores.
Las
pruebas suministradas por los denunciantes incluyen testimonios, y material
recogidas durante las manifestaciones que muestran cómo representantes de los
organismos de seguridad e integrantes de bandas paramilitares vinculadas con el
chavismo utilizaron armas de fuego contra los manifestantes.
Varias
organizaciones no gubernamentales, incluyendo Human Rights Watch, han emitido
una serie de informes sobre la sistemática violación de los derechos humanos en
Venezuela, que incluyen el uso frecuente de la tortura contra disidentes.
La
decisión de la fiscalía de comenzar a examinar el caso venezolano se produce en
medio de una reciente ola de señalamientos y acusaciones de que el régimen de
Maduro se está tornando cada vez más represivo.
Esa
corriente está diferenciando la Revolución Bolivariana bajo el mando de Maduro
frente a lo que era cuando su fundador, Hugo Chávez, estaba con vida.
El
ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, resaltó que
aún cuando Chávez acumuló un inmenso poder y encarceló arbitrariamente a
opositores, siempre se cuidó por mantener las apariencias. Eso
no está sucediendo ahora con Maduro, cuyo gobierno adquiere cada vez mayores
rasgos dictatoriales, comentó Arria desde Nueva York.
“Venezuela
tiene un régimen militarizado, donde más de la mitad de los ministros son
militares, donde los viceministros son militares, y los presidentes de las
empresas estatales también lo son”, dijo el diplomático. “Estas son las nuevas
dictaduras del Siglo XXI, que tiene un ropaje institucional”.
Pero
Maduro, con la represión, se está despojando de todo ropaje institucional.
“Está haciendo un striptease”, afirmó Arria.
Y
las denuncias de las ONGs y de los legisladores iberoamericanos se están
sumando al coro de voces advirtiendo en la comunidad internacional que “el
emperador va desnudo”, añadió el activista Luis Monch, cuya organización,
UnoAmerica, ha estado respaldando los esfuerzos de APDA ante La Haya.
“Se
está concientizando ante la comunidad internacional respecto a la sistemática
violación de los derechos humanos en Venezuela”, enfatizó Monch.
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